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Misión y objetivoSubgrupo de Jurisprudencia y Criterios Administrativos
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La Red de Transparencia y Acceso a la Información se conforma por organismos y entidades responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública, cuya finalidad es mantener una instancia formal de diálogo, cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias entre sus miembros.

 

Tiene como misión: “Generar un espacio permanente de diálogo, cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias entre autoridades de América Latina encargadas del cumplimiento y aplicación de la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública” y como visión: “Ser un centro y referente en el intercambio y aprendizaje en materia de transparencia y acceso a la información pública, contribuyendo así a la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la gestión pública”.

 

 

Subgrupo de Jurisprudencia y Criterios Administrativos

 

El subgrupo de jurisprudencia y criterios administrativos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, es coordinado por México.  Este subgrupo tiene entre sus objetivos, diseñar un mecanismo de coordinación para la generación de conocimiento, el intercambio de experiencias, la consulta de información, y la elaboración de criterios en materia de acceso a la información.

 

Además, se tiene como propósito el posicionamiento regional del subgrupo; la cooperación internacional, así como la inclusión y desarrollo de gobiernos abiertos.

 

Con esta plataforma electrónica se pretende realizar una aportación al debate de los asuntos públicos, el cual contribuirá a la discusión y transformación de ideas que fomenten la democratización administrativa.

 

La importancia del derecho de acceso a la información radica, entre otras cuestiones, en que cualquier persona pueda tener acceso a información de políticas públicas, mediante las cuales, los gobiernos toman decisiones respecto a temas de trascendencia como son, seguridad, educación, salud, trabajo, vivienda, comunicaciones, etc.; es en este sentido, que este instrumento juega un papel esencial como complemento imprescindible para fortalecer la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

 
  
Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, Provincia de Santa Fe, ArgentinaSanta Fe
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Subsecretaría de Asuntos Públicos, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.Buenos Aires
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Gabriel Buenos
 
     Actualmente se desempeña como Gerente Operativo de Acceso a la Información, adscrito a la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información; en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Entre sus funciones destacan, el seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública realizadas en el marco de la Ley N° 104; así como, participar en el diseño e implementación de políticas públicas en materia de acceso a la información y transparencia.

 
Fungió como Gerente Operativo de Asuntos Legislativos, dando seguimiento a las actuaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Además de dar cobertura de la actividad Parlamentaria, confección de informes y estadísticas.

 
En 2011, fue asesor en comunicación y actividad legislativa, en el Despacho del Diputado Álvaro Gonzales, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Entre 2007 y 2011, colaboró en el Despacho del Diputado Gerardo Luís Ingaramo, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desempeñando los siguientes cargos:

 
 
· Asesor en la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales (2007 – 2009)
· Asesor en la Comisión de Desarrollo Económico, Políticas de Empleo y MERCOSUR (2007 – 2009)
· Secretario Parlamentario (2008 – 2011)
· Coordinador de Asesores (2009 – 2011)​
 
  
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Estado Plurinacional de Bolivia.Bolivia
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El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es una oficina del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Es el resultado de la fusión de los ministerios de Justicia y de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, mediante Decreto Supremo Nro. 3058 del 22 de enero de 2017.


Está integrado por cuatro viceministerios: de Justicia y Derechos Fundamentales, de Justicia Indígena Originario Campesina, de Igualdad de Oportunidades, de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, y de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.


Entre sus funciones, figuran: “Estructurar y ejecutar políticas, programas y proyectos del derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos”, como indica el inciso y) del Artículo 80 del mencionado decreto supremo.


El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, a su vez, está formado por dos direcciones: General de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, y General de Lucha Contra la Corrupción, según establece el Artículo 79 del Decreto Supremo 3058.


El Artículo 84 Bis del decreto en cuestión determina que entre las atribuciones del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción se tienen: a) “Formular y ejecutar políticas de gestión pública con ética y transparencia y prevención de actos de corrupción”, d) “Supervisar el cumplimiento de normas de transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones públicas”, h) “Promover y capacitar a todas la entidades públicas para la preservación, custodia y conservación de toda la información que tengan en su poder con fines de transparencia institucional”.


La Dirección General de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, que forma parte del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, tiene, a su vez, cuatro componentes: Acceso a la Información, Ética Pública, Rendición Pública de Cuentas y Control Social, que fueron establecidos en el Programa de Transparencia, aprobado por la Resolución Ministerial 074/2009, del 31 de diciembre de 2009.


La Unidad de Participación, Control Social y Acceso a la Información, dependiente de la Dirección de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, es la encargada de “Estructurar y ejecutar políticas, programas y proyectos del derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos”, conforme establece el Decreto Supremo 3058.


 
  
Contraloría General de la Unión, Brasil.Brasil
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​El Ministerio de la Transparencia y Contraloría-General de la Unión (CGU) es el órgano del gobierno federal de Brasil responsable por la realización de las actividades relacionadas a la defensa del patrimonio público y por el incremento de la transparencia en la gestión, por medio de acciones de control interno, auditoría pública, corrección, prevención a la corrupción y ouvidoria.

Se considera ouvidoria pública federal la instancia de control y participación social responsable por el tratamiento de las reclamaciones, solicitudes, denuncias, sugerencias y halagos relativos a las políticas y a los servicios públicos, prestados bajo cualquier forma o régimen, con vistas a la mejora de la gestión pública.

En el ordenamiento jurídico brasileño, la CGU posee la cualificación normativa para actuar como órgano garante de la ley de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal. En este sentido, la Ouvidoria-General de la Unión (OGU) es la Secretaría gubernamental de la CGU responsable por el análisis de los recursos de ciudadanos contra negativas de solicitudes de acceso a información. Las decisiones de la OGU son basadas en los pareceres producidos por la Coordinación-General de Recursos de Acceso a la Información (CGRAI).

  • Jorge André Ferreira Fontelles de Lima
    Auditor Federal de Finanzas y Control 
    Coordinación General de Recursos de Acceso a la Información (CGRAI)
    55-61-20207249

​Gilberto Waller Junior

Es Procurador Federal  y ocupa el cargo de Ouvidor-General de la Unión Adjunto en la Contraloría General de la Unión (CGU) desde agosto de 2013. Graduado en Derecho en la Universidad de Taubaté (1996).​

En la Contraloría General de la Unión, también actuó como Corregidor Sectorial del Ministerio de la Hacienda (julio a agosto de 2103); Corregidor Sectorial del Ministerio de los Transportes (febrero de 2009 a julio de 2013) y Corregidor Sectorial del Ministerio de la Integración Nacional (febrero de 2006 a septiembre de 2007).

Anteriormente, ha laborado en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) desempeñando los cargos de Subprocurador General (2007 a 2008); Corregidor General (2001 a 2004); Auditor General Substituto (2002 a 2003) Procurador Estadual del INSS en Sergipe (junio de 2000); Procurador Regional en São José dos Campos  (enero a junio de 2000) y  Procurador Regional en Mogi das Cruzes (1998 a 1999).​


 
  
Consejo para la Transparencia, Chile.Chile
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Andrés Herrera Troncoso

 
        Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Abogado de la Universidad de Chile; Magíster en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y postitulado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, España. Árbitro del Sistema de Resolución de Controversias de Nombres de Dominio en .CL (NIC Chile).

 
Posee experiencia docente en programas de postgrado y postítulos en Universidades públicas y privadas chilenas. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en diversas instituciones públicas chilenas, como el Consejo de Defensa del Estado y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ocupando cargos de jefaturas. Actualmente, y desde el 2009, se desempeña como Jefe de la Unidad de Análisis de Fondo del Consejo para la Transparencia​
 
  
Procuraduría General de la Nación, Colombia.Colombia
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Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Colombia.Colombia
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SECRETARIO DE TRANSPARENCIA

Camilo Andrés Cetina Fernández

Estudios de doctorado en Análisis de Políticas Públicas del National Graduate Institute for Policy Studies de Tokio (Japón). Máster en Economía y Desarrollo de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) y profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
Experto en fortalecimiento institucional y gobernabilidad y analista en seguimiento y evaluación de políticas públicas. Durante ochos (8) años estuvo vinculado con la gestión de programas de cooperación internacional financiados por DANIDA y USAID.
Desde hace más de 3 años es docente de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia en convenio con Columbia University. Previamente, durante 2 años fue docente e investigador asistente de la Universidad de Copenhague (Dinamarca).
El 10 de marzo de 2017 fue designado como secretario encargado de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, de donde es asesor y director del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción desde 2013.

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia tiene como misión de asesorar y apoyar directamente al Presidente en el diseño de una Política Integral de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y coordinar su implementación conforme a lo dispuesto en el Decreto 4637 de 2011. Sus funciones de acuerdo al Decreto 1649 de 2014 son: 

  1. Asesorar y asistir al Director del Departamento en la formulación y diseño de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
  2. Diseñar y coordinar la implementación de la política del Gobierno en la lucha contra la corrupción, bajo las directrices del Director del Departamento. 
  3. Asesorar al Director del Departamento en la fijación de las políticas, estrategias e implementación de indicadores de transparencia de las entidades de la Administración Pública, en coordinación con las entidades estatales cuyas funciones tengan relación con el tema.
  4. Diseñar instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción y sus indicadores y faciliten la definición de políticas públicas.
  5. Asesorar al Director del Departamento en la coordinación e implementación de mecanismos para fomentar la rendición de cuentas por parte de las entidades de la Administración Pública, y en la promoción de mecanismos de participación. 
  6. Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y transparencia, en coordinación con las entidades competentes en la materia.
  7. Proponer estrategias para la pedagogía y promoción de la cultura de legalidad, en coordinación con las demás entidades y organismos públicos competentes.
  8. Definir y promover acciones estratégicas entre el sector público y el sector privado para la lucha contra la corrupción.
  9. Coordinar la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia mediante los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción.
  10. Fomentar y participar en la coordinación interinstitucional de las diferentes ramas del poder público y órganos de control del nivel nacional y territorial, para la ejecución de la política de transparencia y lucha contra la corrupción.
  11. Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las ​estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial, de conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, así como la metodología para diseñar e implementar los planes de acción previstos en el artículo 74 de dicha ley.
  12. Participar en la elaboración de proyectos de ley o de acto legislativo que someta el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República en materia de lucha contra la corrupción.
  13. Participar en la formulación de propuestas de actos administrativos necesarios para la reglamentación de las normas con fuerza de ley sobre la lucha contra la corrupción.
  14. Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para la organización de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos y conocer directamente de las quejas, sugerencias y reclamos que, por su gravedad, sean puestas en su conocimiento por el jefe o coordinador de la unidad o grupo de control interno disciplinario de cada entidad.
  15. Consolidar y analizar los informes y reportes que presenten los jefes de control interno de la Rama Ejecutiva del orden nacional, o de quienes hagan sus veces, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y en el decreto que la reglamente.
  16. Proponer acciones preventivas en esta materia y presentar un informe sobre los mismos a la Comisión Nacional para la Moralización.
  17. Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Moralización y en el marco de dicha competencia: coordinar lo relacionado con los informes sobre proyectos y planes de acción a que se refiere el artículo 56 de la ley 190 de 1995.
  18. Proponer a la Comisión Nacional para la Moralización acciones para adelantar conjuntamente con el Gobierno Nacional, consolidar sus informes y hacer seguimiento a los indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia que ésta formule.
  19. Apoyar a la secretaría técnica de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción y promover la aplicación de los lineamientos tanto de esta Comisión como de la Comisión Nacional para la Moralización en las Comisiones Regionales de Moralización.
  20. Solicitar a los diferentes organismos, entidades y autoridades del Estado y funcionarios la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
    De acuerdo al artículo 34 de la Ley 1778 de 2016 se indicaron funciones adicionales del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
    g) Solicitar y analizar información de naturaleza pública de las entidades públicas o privadas que ejecuten recursos del Estado o presten un servicio público, y de los sujetos obligados bajo la Ley 1712 de 2014 -Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, cuando sea necesario para verificar la transparencia en el manejo de los recursos y la integridad de la administración pública, y generar alertas tempranas, que deberá poner en conocimiento de las autoridades competentes.
    h) Dar traslado a los entes de control y a la Fiscalía General de la Nación de presuntos delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico y social, o delitos contra el patrimonio económico, así como infracciones disciplinarias o fiscales, de los que haya tenido conocimiento, y de la documentación o evidencia conducente para la verificación de esos casos. i) Requerir a las comisiones regionales de moralización adelantar las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico y social, delitos contra el patrimonio económico, infracciones disciplinarias o fiscales, de los que haya tenido conocimiento; y formular recomendaciones para prevenir y atacar riesgos sistémicos de corrupción.

 
  
Defensoría del Pueblo, Ecuador.Ecuador
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Instituto de Acceso a la Información Pública, El Salvador.El Salvador
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César González,

Maestro en Derecho de Empresa por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Es Abogado y Notario.
Tiene un Diplomado en “Acceso a la Información Pública: Marco Jurídico e Implementación en América Latina” impartido por la OEA y diplomado en el curso “Ética, transparencia y lucha contra la corrupción” impartido por la UCA.
Fue representante de la UCA en el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública. Asesor jurídico de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Profesor universitario en: Derecho Civil, Medios Alternos de Resolución de Conflictos y Legislación en los Medios de Comunicación.
Actualmente se desempeña como Jefe de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información y miembro del Grupo de Expertos Gubernamentales que están dando seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Entre sus funciones destacan, el seguimiento de los procedimientos de apelación en contra de las denegatorias a las solicitudes de acceso a la información pública realizadas en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y el seguimiento a los procedimientos administrativos sancionadores en contra de funcionarios públicos que han incurrido en infracciones a la LAIP.

 
  
Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción, Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de El Salvador.El Salvador
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Luis Cruz

Licenciado en Ciencias jurídicas por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Obtuvo distinción máxima, por la Universidad de Chile, en el Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la corrupción.

Tiene un posgrado, como becario OEA, en Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina en conjunto el Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública; en este último también realizó un diplomado en Gobierno Abierto, Transparencia y Acceso a Datos Públicos.

Actualmente se desempeña como Asistente jurídico de la SSTA (Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción), y realiza su trabajo de tesis para la Maestría en Ciencias Políticas.

 
  
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, España.España
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Instituto de Acceso a la Información Pública, Honduras.Honduras
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, México.México
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Rosa María Bárcena Canuas

 
          Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana. Cursó la especialidad en Derecho Administrativo por la misma Universidad y, es candidata a Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la universidad mencionada.
 
De 1998 a 2007 fungió como asesora en el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
 
De 2007 a mayo de 2011 se desempeñó como Directora Análisis y Proyectos en la Ponencia de la Comisionada Jacqueline Peschard en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
 
Desde junio de 2011 funge como Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información en la Secretaría de Acceso a la Información del IFAI.​
 
  
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Panamá.Panama
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Nombre: Lcdo. Antonio Lam
Cargo: Jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional
Teléfono: 520-0137
Correo Electrónico: alam@antai.gob.pa
 
Nombre: Lcda. Aída I. Martínez
Cargo: Asesora Legal de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional
Teléfono: 520-0225
Correo Electrónico: amartinez@antai.gob.pa

 
  
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros, Perú.Perú
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Defensoría del Pueblo, Perú.Perú
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​Fernando Castañeda Portocarrero 

 
Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.
Abogado. Profesor de Derecho Procesal, con estudios de Maestría en Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En su calidad de Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo dirige proyectos de supervisión de la administración estatal con especial énfasis en transparencia y acceso a la información pública, así como justicia constitucional. Ha participado como expositor en actividades académicas nacionales e internacionales sobre dichos temas.

 
Correo de contacto: fcastaneda@defensoria.gob.pe
 
  
Unidad de Acceso a la Información Pública, Uruguay.Uruguay
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Dra. Mariana Gatti Font 
  
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay. Especialista en Derecho Administrativo, graduada en la Escuela de Postgrado en Derecho, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.

 
Diplomada en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción por el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, de la Universidad de Chile, Santiago, Chile.

 
Aspirante a Profesor Adscripto de la asignatura Derecho Administrativo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Asesor Jurídico de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento y de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
 
  
Estatutos de Gobierno RTA
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ANTECEDENTES

Gracias a una iniciativa apoyada por el Banco Mundial, en el año 2010 el Consejo para la Transparencia de Chile, promovió la formación de una red de intercambio de organismos de transparencia y acceso a la información pública en América Latina. Dicha iniciativa comenzó con una etapa previa de diagnóstico cuyo objetivo fue conocer el estado de avance y desarrollo de políticas y buenas prácticas en torno a la transparencia activa, y para identificar las temáticas de interés común que se pueden abordar y desarrollar en forma conjunta. A la luz de los resultados del diagnóstico, se valida la utilidad de formalizar una red para intercambiar aprendizajes y experiencias. Esto se materializa mediante la Declaración de Intención firmada en la ciudad de Santiago de Chile en el mes de abril de 2011, con la participación de los organismos de transparencia activa pertenecientes a Bolivia (Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción), Chile (Consejo para la Transparencia), México (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos), Uruguay (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información), y Perú (Defensoría del Pueblo). En el acto fundacional los miembros explicitan su disposición de poner a disposición del resto de los participantes de la red sus conocimientos, experiencias y fórmulas de desarrollo en transparencia y acceso a la información pública, y trabajar de manera conjunta, entre otras materias, a lo menos los siguientes temas: Indicadores de impacto Archivos Jurisprudencia Difusión del derechos de acceso a la información pública, promoción y capacitación sobre el mismo De igual forma, acuerdan la misión, visión, valores, objetivos generales y específicos de la Red, así como su imagen corporativa.

MISIÓN:

Generar un espacio permanente de diálogo, cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias entre Autoridades de América Latina encargadas del cumplimiento y aplicación de la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública.

VISION:

Ser un centro y referente en el intercambio y aprendizaje en materia de transparencia y acceso a la información pública, en cuanto ella contribuye a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la gestión pública y los derechos ciudadanos. A la luz de lo anterior, los organismos que suscriben acuerdan el siguiente Estatuto de Gobierno para la Red de Transparencia y Acceso a la Información.